Impulsar política contra el crimen organizado y el control de armas
El crimen organizado y la proliferación de armas son las principales amenazas en seguridad que tiene el país. Para enfrentarlas se requiere un Estado preparado, políticas públicas avanzadas y legislación apropiada. Todas esas dimensiones se están abordando en esta estrategia.
1. Crimen organizado
a. Primera Política Nacional Contra el Crimen Organizado: por primera vez el Estado cuenta con un instrumento de gestión que permite desarrollar una acción decidida en todos los frentes para combatir el crimen organizado.
17 instituciones participaron de la formulación y ejecución de esta política que se ordena en torno a 10 ejes estratégicos:
- Nueva gobernanza: Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado.
- Desbaratamiento de la economía del crimen organizado.
- Disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales.
- Abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios.
- Agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y sanción.
- Fortalecimiento del equipamiento y tecnología.
- Formación institucional y de capital humano.
- Prevención de la corrupción y cooptación de las instituciones públicas.
- Reforma policial para aumentar la eficacia en el enfrentamiento del crimen organizado.
- Fomento de la cooperación y coordinación internacionales.
b. Consejo Nacional contra el Crimen Organizado: se reforzó esta instancia y se puso a la cabeza de la implementación de la política contra el crimen organizado. Incorporamos 7 organismos que antes no estaban considerados y que son fundamentales para este desafío: Ministerio Público, Gendarmería, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Servicio de Impuestos Internos (SII), Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
c. Consejos Regionales contra el Crimen Organizado: se ha constituido esta instancia en 14 regiones, 12 de las cuales ya elaboraron su Estrategia Regional contra el Crimen Organizado.
d. Programa Presupuestario contra el Crimen Organizado: constituye una innovación en la forma de financiar esta política pública. Son recursos que se transfieren desde el Ministerio del Interior a diversas instituciones para asegurar un trabajo coordinado en el combate al crimen organizado. El año 2023 fueron 65 mil millones y el 2024 son 78 mil millones para organismos como Gendarmería, Aduanas, Directemar, UAF, PDI y Carabineros.
2. Control de armas
a. Más y mejor fiscalización: El año 2023 se incrementaron en un 30,5% y se aplicaron criterios de focalización en base a patrones de riesgo. Gracias a ello se pudo aumentar la destrucción de armas en un 39% respecto al año anterior, alcanzando la cifra más alta desde el año 1990.
b. Identificación balística con alta tecnología: permite leer la huella balística para vincularla con un arma. Ya se han comprado 3 nuevos sistemas de identificación balística para la PDI y Carabineros, durante 2024 se comprará un cuarto y en 2025 un quinto. Cada uno tiene un costo de 900.000 dólares. Además, se encuentra en proceso la adquisición de la tecnología Sistema Nacional de Huella Balística Limpia para la DGMN (Dirección General de Movilización Nacional), que permitirá tener el registro de la huella balística de todas las armas registradas en Chile.
c. Ampliación de programa MT Cero a la persecución de armas ilegales. Este programa funciona desde 2014 y ha sido muy bien evaluado dentro y fuera de Chile. Consiste en un método de investigación de la PDI ante los delitos de microtráfico barrial, los que pueden ser denunciados anónimamente por cualquier persona mediante Denuncia Seguro. En esta nueva etapa el programa se ampliará a la denuncia y persecución de armas ilegales en barrios y poblaciones.
3. Agenda legislativa contra el crimen organizado
Se han aprobado más de 10 leyes en esta materia. Entre ellas destacan:
- Ley contra el crimen organizado.
- Ley anti narco.
- Ley que sanciona el sicariato.
- Ley que actualiza normativa contra el contrabando.
- Ley que agrava las penas para el delito de secuestro.
- Ley de delitos informáticos.
- Ley que sanciona el uso de celulares en las cárceles.